PGR perdona a funcionarios federales

* Habían sido denunciados por tráfico de influencias, cohecho, ejercicio abusivo de funciones entre otros más
* A pesar de que testificaron varias personas, simplemente el MPF señaló que no había elementos.

- 2016/11/30

Marcos Beltrán/Crítica.

El pasado 12 d Septiembre del presente año, un agente del Ministerio Público Federal de apellido Carranco, determinó el NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL contra la Presidente Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 19, contra el Actuario y contra el Secretario de Acuerdos de dicha dependencia.

Dentro de la indagatoria AP/PGR/NAY/TEP-III/411B/2015 se habían denunciado a los ya señalados por diversos delitos, entre ellos el de ejercicio indebido de funciones, cohecho, contra la administración de justicia entre otras cosas y a pesar de que se presentaron diversas pruebas documentales y testimoniales, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la agencia primera del sistema tradicional de apellido Carranco, este, sin mayores preámbulos legales, simplemente hizo su determinación favorable a estos funcionarios federales.

Ante esta resolución, una de las entidades afectadas es la CONAGUA, ya que, por órdenes de la Magistrada del Tribunal Agrario, determinó que una porción que es propiedad de la nación, se le cediera a un particular.

A pesar de que se corroboró que el Actuario de nombre Tomás recibiera dinero a cambio de favorecer la resolución, aun así la corrupción invadió a la delegación de la PGR.

De esto fue enterado el actual Delegado de la PGR, sin embargo, no hizo nada para investigar al MPF ya que, de buena fuente del mismo Tribunal Agrario, se supo que dicho MPF recibió un soborno a cambio de no seguir con el caso y archivarlo.

Se intentó entrevistar con el Delegado Efraín Alonso Gastelum Padilla, pero se recibió el informe de que este se encontraba en la ciudad de México.

Hasta el momento, la indagatoria se encuentra como archivada, que según se ha informado de manera extraoficial, a petición de los funcionarios denunciados, entre ellos la Magistrado del Tribunal Agrario Carmen Lizárraga Cabanillas, que dejara correr el tiempo sin impulsarlo con la finalidad de que ocurriera la prescripción, y tal parece que el actual Delegado de la PGR está de acuerdo.


PARA QUE LO RECUERDEN:

Este reportero desde hace casi un año, informó sobre una indagatoria que se iniciara contra la titular del Tribunal Unitario Agrario distrito 19 María del Carmen Lizárraga Cabanillas, así como en contra de Rafael Verdugo López, quien funge como Secretario de Acuerdos de dicho tribunal y el actuario de nombre Tomás, incluyendo a un particular de nombre Alfredo Soto Partida.

Dicha indagatoria es por diversos delitos entre los que destaca es el de despojo y daño en propiedad de la nación.

El hecho inicia cuando el sujeto de nombre Alfredo Soto Partida, junto con miembros del ejido el Ahuacate, hacen una simulación de compra-venta de un territorio propiedad de la Nación, siendo un zanjón propiamente, cuya zona está legalmente protegida por CONAGUA.

Este solar se ubica sobre la calle Olivo, en la colonia San Juan.

Aun cuando la Magistrada del Tribunal Agrario María del Carmen le fue referido que ese predio es propiedad de la nación y estaba concesionado a un particular, esta acordó en despojar de ese terreno a la Comisión Nacional del Agua, siendo la propietaria de esa zona.

El actuario de nombre Tomás (por razones obvias de momento se omitirá su nombre completo), contactó a una abogada, la cual a su vez contactó a la persona que contaba la concesión de ese solar y sin más pidió la cantidad de treinta mil pesos que le había pedido la Magistrada por conducto de Tomás para así, lograr que el juicio fuera favorable a la concesionaria y se cubrió dicha cantidad.

Lo anterior fue en el mes de Noviembre del año próximo pasado.

Sin embargo, el pasado mes de Abril, Tomás exigió más dinero, cosa que ya no se le proporcionó toda vez que CONAGUA ya había extendido el título de concesión a la parte solicitante desde años atrás.

Así pues, el número del título de concesión fue el 08NAY154937/12EKDL14 en donde CONAGUA daba esa concesión por un tiempo determinado.

Pero, ni eso logró que la Magistrado María del Carmen Lizárraga Cabanillas, emitiera un fallo a favor de CONAGUA, tras demostrarse que ese predio es propiedad de la Nación.

Fue así que el corrupto de Tomás diera posesión a la otra persona del predio propiedad de la Nación, iniciando una serie de daños.

Por lo que se solicitó a CONAGUA, que diera vista a la Procuraduría General de la República a efecto de iniciar la indagatoria contra quién o quiénes resulten responsables, iniciando contra la Magistrada María del Carmen Lizárraga Cabanillas.

DENUNCIA ANTE LA PGR:

Es así que tanto CONAGUA, como el concesionario, presentaron formal denuncia ante la Procuraduría General de la República, en donde recayó la averiguación previa número AP/PGR/NAY/TEP-II/411B/2015 en el mes de Junio del año próximo pasado y es cosa que hasta estos momentos que el titular de la mesa II de nombre Joel, no ha tenido el tiempo suficiente para citar a los indiciados y es precisamente ante esta negligencia razón por la que el de apellido Soto Partida, vendió la zona federal en 700 mil pesos, libre de impuestos.

Ahora la cosa se torna peor ya que al citar a los ofendidos, que tienen que ir acompañado de abogado, es como para amedrentar a estos con la finalidad de que se desistan de las denuncias en contra de funcionarios federales como en este caso.

Se está estudiando en acudir ante otras jerarquías de la misma PGR para saber si son órdenes directas de estos para que sus Ministerios Públicos actúen de esa manera.

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