Ordenan desafuero y destitución del Alcalde de Ixtlán del Río

•Pepe Alvarado desacató la orden judicial de pagar salarios a 50 trabajadores despedidos por el Chato Muñoz.
•Congreso y ministerio público ya fueron notificados para actuar en consecuencia.

Estado - 2017/08/10

Christian Langarica / Diario Crítica

Durante el mes de febrero del año 2014, el Ayuntamiento de Ixtlán del Río fue embargado. En aquella ocasión, el despacho jurídico “IUS”, del abogado Carlos Ornelas, que representaba a cincuenta trabajadores despedidos por parte de esa administración municipal, acudió acompañado de un actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para embargar la Suburban del alcalde Salvador Muñoz y una patrulla, todo por pagos pendientes después de la resolución del juez. Este problema le fue heredado al alcalde José Alvarado, quien al parecer no le tomó importancia o tal vez la vergonzosa experiencia de su antecesor en el cargo, no le sirvió de lección, y es que José Alvarado se negó a liquidar a los trabajadores, desacatando la resolución del juez, y eso, hoy, está por costarle la destitución como alcalde.

El abogado Carlos Ornelas, en entrevista para Diario Crítica, explicó que desde el año 2011 se inició un procedimiento en contra del Ayuntamiento de Ixtlán del Río por el despido de varios trabajadores.

“Después de agotadas las instancias, viene la resolución, estamos en la etapa de ejecuciones y surge un expediente en el que se le ordena orden al presidente y a todo su cabildo, dar cumplimiento a esta sentencia laboral, sin embrago después de múltiples ocasiones en las que se le requirió a dar cumplimento, el ayuntamiento incurrió en desacato y particularmente el alcalde Pepe Alvarado, quien se negó a hacer el pago”.

Esta sería la causa de que solo a unos días del dejar su cargo, el alcalde de Ixtlán, sea destituido de manera vergonzosa, según lo aseguró el abogado que ganó el caso de los trabajadores que habrían sido injustamente despedidos.

Explicó que se recurrió a un juez federal para hacerle notar esta situación y este ordenó al Tribunal de Conciliación que requiera y si no cumple, se inicie en contra del alcalde un proceso ante el Congreso del Estado y el propio ministerio público, lo que ya sucedió. “Tengo en mi mano el expediente 234, del año 2011 en el que el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje ordena dar vista al Congreso el Estado y al agente del ministerio público, para que inicie el proceso que resultara procedente en contra del alcalde de Ixtlán del Río; aquí le está ordenando tomar en cuenta la falta de cumplimiento que está haciendo y llegando a establecer ante la vía penal un posible desacato y la destitución por parte del Congreso del Estado”.

Lo que sigue, explica el abogado, es que el Congreso del Estado inicie el proceso de desafuero y destitución en contra de José Alvarado, para que posteriormente sea el agente del ministerio público, quien determine el castigo al que se haría acreedor por desacatar la resolución de un juez. Al próximo ayuntamiento de Ixtlán del Río, le toca pagarle a los trabajadores despedidos injustificadamente, acción que José Alvarado se negó a cumplir.

 

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